Katia Macías, jueza de Portoviejo, expuso a una delegación de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional cómo ha sido la aplicación de la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ahí indicó que no es fácil sobre todo por el tema presupuestario.
Aseveró que las juntas cantonales de protección y las tenencias políticas no cuentan con recursos económicos para darle viabilidad a la norma legal. También aseguró que no tienen las herramientas legales para determinar el nivel de riesgo de las víctimas de violencia, a la vez que detalló las dificultades que enfrentan los jueces.
Miryam Loor, de la Fundación Nuevos Horizontes, aseveró que faltan muchas cosas para concretar la ley. Puso como ejemplo, que el Ministerio de Salud implemente salas de primera acogida, con médicos y especialistas, para atender a las víctimas de violencia, especialmente sexual e intento de femicidio. La justicia tarda mucho y todo retraso constituye violencia, enfatizó, al insistir que no hay recursos para trabajar en prevención y restitución de derechos.
Este trabajo en territorio busca conocer los problemas de la norma y si la misma se está aplicando, pues pese a contar con el cuerpo legal se siguen registrando un alto número de femicidios y vulneración de derechos de las mujeres.
Hasta junio de 2022 se han registrado 118 femicidios, según el Mapa de Feminicidios presentado por Fundación Aldhea, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cepam, la Alianza por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.
Según las organizaciones todo esto demuestra que una mujer muere cada 31 horas por violencia intrafamiliar o delincuencia organizada.
Fuente: Pichincha Comunicaciones