El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) señaló que un juez de Montecristi, mediante resolución judicial de 29 de agosto de 2023, admitió la acción de protección presentada por una ciudadana, a quien se le negó el derecho de conformar una veeduría.
La resolución dispuso al Cpccs conformar, de manera inmediata, una Veeduría Ciudadana con la finalidad de “diagnosticar y evaluar” las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional, por parte del Cpccs transitorio, sobre la base de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas, en la Consulta Popular 2018.
“Ni el Pleno del Cpccs ni ningún consejero han tomado una resolución sobre este tema. El Reglamento General de Veedurías dispone que solo las veedurías solicitadas por una entidad pública o las de oficio pasen por el Pleno del Cpccs, no las de iniciativa ciudadana. El Pleno no interviene en el proceso de inicio para la conformación de una veeduría por iniciativa ciudadana”, indicó el Consejo esta tarde.
Agregó que, por esta razón, la Subcoordinación Nacional de Control Social inició el trámite con la convocatoria a la veeduría que fue publicada el 1 de septiembre de 2023, en el sitio web institucional.
“El Cpccs solicitará a la Corte Constitucional, en apego al Art 436 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, se sirva dictar jurisprudencia vinculante sobre la presunta contradicción entre el cumplimiento de la sentencia constitucional 13U05-2023-02325 y el dictamen interpretativo 2-19-IC/19”.
Contexto
La noche del martes 4 de septiembre, la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional requirió información a la Fiscalía General del Estado, al Cpccs y al juez de Montecristi, Leiver Quimis Sornoza.
La Corte Constitucional busca que le respondan, en máximo 24 horas, sobre el dictamen interpretativo 2-19-IC/19, del 7 de mayo del 2019, en torno al Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El juez Quimis Sornoza, en sentencia del 29 de agosto de 2023, en el proceso de acción de protección 13U05 2023 02325, resolvió admitir el pedido presentado por Betty Moreira en contra del Cpccs.
Así, se les pidió conformar la veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional, realizada por el Consejo.
En febrero del 2018 se desarrolló la consulta popular, que permitió que se reestructure el Cpccs. Desde septiembre del 2018, la Corte estuvo en vacancia, para una evaluación. Y posteriormente, en enero 2019, fueron nombrados los nuevos integrantes.