Con un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito, integrantes de gremios pesqueros y crangrejeros rechazaron el decreto – ley de Gestión de Riesgos y Desastres, emitido por el Gobierno Nacional, con carácter de económico urgente.
La mañana de este 19 de septiembre, los ciudadanos llegaron hasta el edificio del organismo constitucional, para exigir a los jueces de la Corte que no den paso a esta iniciativa del Ejecutivo, pues, denunciaron, busca concesionar playas y bahías que han perdido influencia marina.
La disposición general octava y noven de este decreto-ley alude a concesiones de zona de playa y bahía; mientras que la disposición general primera indica:
«Los recursos recaudados por la venta de tierras camaroneras, serán incorporados al Presupuesto General del Estado. Su principal destino será el financiamiento de actividades corrientes o de inversión relacionadas con la prevención, atención o mitigación de los efectos de eventos adversos de origen natural o antrópico».
Por esta razón, las organizaciones alertan que el decreto – ley del Gobierno pretende vulnerar los derechos del sector pesquero, privatizando estas áreas.
Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional dispuso al Ministerio de Producción que remita, en el plazo de cinco días, un informe técnico relativo al proceso para la adjudicación de zonas de playa y bahía.
Además, notificó al presidente Guillermo Lasso para que remita un informe motivado sobre la urgencia económica del decreto – ley.
El titular del organismo constitucional convocó, para las 15:00 del martes 26 de septiembre, a la audiencia pública en la que se tratará la iniciativa del Ejecutivo. La diligencia será telemática.