El presidente Daniel Noboa anunció, de manera pomposa, el acuerdo ministerial emitido el último domingo por el Ministerio de Trabajo, que fija las remuneraciones del sector público y que establece que ningún servidor puede ganar más que el presidente de la República.
Es más, se atribuyó la medida al señalar que “Por instrucción directa mía el Ministerio de Trabajo firmó el acuerdo ministerial en el que se dispone que ningún funcionario público gane más que el Presidente como sucedía en el viejo Ecuador de violencia, privilegios y donde el Presidente prefería mirar a otro lado”.
Pero la disposición que se atribuye Noboa no es nueva. Está vigente desde el 11 de agosto de 2010 cuando entraron en vigencia reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), por iniciativa del entonces presidente Rafael Correa.
La disposición general séptima de la Losep señala que: “Ninguna servidora o servidor de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta Ley, así como ninguna persona que preste sus servicios en estas instituciones bajo cualquier modalidad… podrá percibir una remuneración mensual unificada superior o igual a la de la Presidenta o Presidente de la República”.
El artículo 3 establece como entidades públicas a todas las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional), así como las que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales.
Posteriormente, el 24 de febrero de 2015, en el mismo Gobierno se expidió el Decreto Ejecutivo 601, con el que se redujeron los salarios de los funcionarios del nivel jerárquico superior y se ratificó la prohibición de que ningún funcionario gane más que el presidente de la República.
En el Gobierno de Lenin Moreno, en 2017, el entonces ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, emitió otro acuerdo ministerial con el que fijó los límites salariales de los servidores del nivel jerárquico superior y ratificó lo dispuesto en la Losep.
La propia ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reconoció que la medida anunciada por Daniel Noboa ya existía, pero faltaron controles por parte de las autoridades de gobiernos anteriores para que se cumpla la norma.
“Era una telaraña compartida, el uno le tejía al otro y así tejían este tipo de irregularidades de incumplimientos normativos. La responsabilidad no era solo del ministro del ramo sino también de quienes dirigían el control de las empresas. La responsabilidad del cumplimiento de la norma y la Constitución no sucedió durante muchos años en el Ecuador”, señaló.
Fuente: Radio Pichincha