El gobernador del Guayas, Alberto Molina, junto con el Intendente de Policía, Gonzalo Ortega, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, Stalin Poveda, Daniel Alencastri, de Agencia de Regulación de Hidrocarburos, y un delegado de la Defensoría del Pueblo, se reunieron para abordar el sistema de comercialización del gas de uso doméstico tras el reciente incremento del precio de la bombona a 1,65 dólares.
En una reunión productiva, se acordó que la Intendencia de Policía intensificará los operativos de control para garantizar el cumplimiento del precio oficial vigente desde el 1 de abril. Las distribuidoras y comercializadoras de gas tienen la obligación de exhibir claramente el valor de la bombona, que es de 1,65 dólares. El consumidor debe cancelar este monto en el punto de venta o depósito donde adquiere el cilindro.
Es importante destacar que el precio de la bombona no se incrementa; lo que varía es el servicio adicional de entrega a domicilio, que incluye transporte y manipulación del producto. Este aspecto queda sujeto a acuerdos entre particulares, considerando las distancias y necesidades de los usuarios.
Según la reglamentación, las distribuidoras de gas deben brindar el servicio en el sitio de distribución en un 20 %, mientras que el 80 % corresponde al servicio a domicilio.
La autoridad provincial, Alberto Molina anunció que se trabajará en conjunto con la Defensoría del Pueblo para evitar cobros excesivos en el traslado del producto hasta el domicilio del consumidor. Además, se convocará a una reunión futura con las comercializadoras, quienes también deberán ajustarse al nuevo incremento
“Nosotros nos vamos a preocupar que se respete el precio oficial y no se afecte el bolsillo del consumidor” precisó el representante del Ejecutivo.
Por su parte el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, Stalin Poveda, reafirmó su compromiso de respetar el precio oficial de la bombona de gas y de exhibirlo de manera transparente en las bodegas de distribución. Sin embargo, se aclaró que, en el contexto del servicio a domicilio, existe un acuerdo particular que no altera el precio establecido.
Entre las sanciones que contempla la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para aquellos que no cumplan con el nuevo precio del gas licuado de petróleo o que no muestren su valor, van desde la suspensión y clausura de la actividad, multas económicas, y la apertura de un sumario administrativo:
“Es nuestro deber garantizar que los ciudadanos reciban un servicio justo y transparente” señaló el Intendente Ortega