Tras los asesinatos de candidatos registrados en las últimas dos elecciones, la seguridad de los postulantes se ha convertido en una preocupación constante. Por eso, las organizaciones políticas pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que coordine las medidas necesarias para que se pueda garantizar que en las elecciones de 2025 no haya nuevos incidentes.
La preocupación fue planteada este lunes, durante el consejo consultivo de las organizaciones políticas, y se centra sobre todo en el asesinato, hace casi un año, de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de Construye.
Los episodios violentos se han incrementado en las últimas elecciones.
Durante la campaña electoral para las seccionales fue asesinado Omar Menéndez, candidato a alcalde de Puerto López; y Javier Pincay, candidato a la alcaldía de Portoviejo, sufrió un grave atentado que lo dejó hospitalizado la mayor parte de la campaña. Además un precandidato a concejal, Gerardo Delgado, fue asesinado incluso antes de inscribir su candidatura.
Con esos antecedentes, la seguridad de los miles de candidatos que se presentarán a las elecciones de 2025 ocupó buena parte del debate en el consejo consultivo. Los representantes de los partidos pidieron al CNE que hagan nuevos acercamientos con la Policía y el Ministerio del Interior, para conocer cómo se actuará.
Y la respuesta del CNE fue que la preocupación es compartida, pero que la competencia en el ámbito de seguridad es de la Policía, con la que tienen firmado un convenio interinstitucional de cooperación. Este incluye el proceso para que cada postulante pida seguridad en el caso de que sienta que es necesario.
Pero el problema, como siempre, es el dinero: la Policía no tiene los recursos suficientes para otorgar seguridad permanente a todos los candidatos. El principal reto es ese, el número de postulantes. El CNE proyecta que, en 2025, se presentarán a las elecciones unos 12 binomios presidenciales, unas 17 listas para asambleístas nacionales (con 15 candidatos cada una) y entre siete y 22 listas de asambleístas en las
Chalecos, cascos y blindados
El consejero José Cabrera contó durante el consejo consultivo que ya han mantenido reuniones con la Policía, y que sus autoridades están conscientes de los riesgos que presenta una elección con los actuales niveles de violencia del país.
Cabrera aseguró que la Policía considera que sería necesario, al menos, tener un vehículo blindado, chaleco y casco para los candidatos presidenciales. Sin embargo, el CNE no tiene los recursos para adquirir esos bienes, ni tampoco es su competencia. Por ello, dijo que ha planteado a la presidenta, Diana Atamaint, que solicite una reunión con el Ministerio del Interior.
De momento, el proceso que se seguirá es el mismo que funcionó en las anteriores elecciones: si un candidato siente que enfrenta algún tipo de peligro, deberá hacer una solicitud al Ministerio del Interior, que realizará un análisis de riesgo y, de acuerdo a sus resultados, asignará personal de seguridad para esa persona.
Los viáticos, a cuenta del candidato
El segundo problema en términos de recursos es la logística para los anillos de seguridad. Según la presentación que se hizo en el consejo consultivo, el pago de viáticos y movilización del personal de seguridad deberá ser cubierto «por el beneficiario», es decir, por el candidato o el partido político.
Según explicó Atamaint, de acuerdo al análisis de riesgo que haga la Policía, se determinará cuántas personas deben ser parte de la cápsula de seguridad. Sin embargo, ya que esta debe ser 24/7, debe haber relevos, y puede llegar a ser un número importante de personas.
Este punto genera preocupación en el CNE, pues hay organizaciones que podrían cubrir estos rubros sin problemas, pero otras cuentan con recursos limitados.
Atamaint aseguró que seguirán manteniendo reuniones sobre este tema y que comunicarán cuando tengan resultados.
Fuente: Primicias