• Otros dos funcionarios del centro penitenciario resultaron heridos por el ataque armado.
El director del Centro de Privación de Libertad de Sucumbíos, Alex Guevara, fue asesinado este martes mientras se movilizaba un vehículo, a la altura del kilómetro 3 de la vía al Coca.
El funcionario iba a bordo de una furgoneta junto a otros dos trabajadores del centro penitenciario, que resultaron heridos por el ataque armado.
“El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tomará las acciones legales pertinentes para llevar el caso ante las autoridades competentes”, sentenció el órgano.
En adición, indicó que las dos personas heridas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica con urgencia.
Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior expresó su solidaridad hacia los familiares y amigos del fallecido.
El hecho violento ocurre dos días después del asesinato de dos guías penitenciarias del Centro de Privado de Libertad Guayas N.2, acontecido cuando ambas se dirigían a su lugar de trabajo, a lo largo de la vía Daule, en Guayaquil.
Escalada de violencia
Dicha ciudad portuaria ha sido una de las urbes más castigadas por las bandas de delincuencia organizada que, desde hace unos tres años atrás, han generado una oleada de violencia a escala nacional, tanto en las cárceles como en las calles.
En enero pasado el presidente Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno«, con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
La violencia desatada en Ecuador le llevó a figurar como el país con más homicidios per cápita en 2023, al registrar 47,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Las mafias, según las autoridades, están dedicadas principalmente al narcotráfico, pero también han ampliado sus operaciones a la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armas, entre otros delitos. En la lucha contra las bandas criminales, el Gobierno también ordenó la militarización de las cárceles.