Las mujeres en Ecuador ganan entre un 16% y un 18% menos que los hombres, según ONU Mujeres. Aunque no parezca una gran diferencia, la realidad es que las mujeres se enfrentan a un ámbito laboral con mucha desigualdad: casi nulo acceso a plazas de trabajo, mínimas políticas de igualdad de oportunidades laborales, mínimas políticas de igualdad salarial, entre otros temas.
Según María Fernanda Bastidas, docente de Derecho de la UISEK, las últimas normativas creadas en el país son la Ley de Economía Violenta y la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, las cuales buscan promover igualdad de oportunidades laborales y generar políticas públicas de igualdad salarial real para hombres y mujeres.
Según Bastidas, la desigualdad salarial, generó que las plazas de trabajo para mujeres se cierren o sean menos valoradas que las de los hombres, y ha provocado una alerta a nivel nacional y a nivel mundial para identificar acciones que puedan ser aplicadas para que, progresivamente, sea eliminada. ¿Qué puedo hacer si soy víctima de este problema en mi trabajo?
En primer lugar, explica la experta, la Inspectoría del Trabajo (que pertenece al Ministerio del Trabajo), es la institución encargada de generar política pública en materia laboral y, así, equilibrar esa balanza en todos los aspectos laborales. En segundo lugar, se podría generar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, encargada de dar seguimiento a los Derechos Humanos de las personas y el cumplimiento de estos.
También existe la alternativa de las garantías jurisdiccionales como la acción de protección, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la norma pertinente. Estás figuras generan la posibilidad de tener espacios legales que permitan dar respuesta a las diferentes necesidades que pueden tener las mujeres que sienten que sus derechos pueden o están siendo vulnerados por sus empleadores a nivel público o privado.
Es necesario recordar que existe normativa que permite generar sanciones a las empresas que no cumplan con promover la equidad laboral. “El proceso es largo y complejo, por la decisión de realizarlo; pero la respuesta es totalmente sí. Contamos con varios instrumentos jurídicos nacionales e incluso internacionales que han sido ratificados por las autoridades estatales” enfatiza Bastidas.
Sin embargo, debemos decir, que más que las sanciones que puedan generar se requiere la decisión de aplicar las mismas para que no se quede en letra muerta y las mujeres víctimas de dicha discriminación no sientan que simplemente se convierten en número más para la estadística estatal.