El Registro Oficial registró la ‘Ley Antipillos’ del presidente de la República, Daniel Noboa, pese a las advertencias de la Asamblea Nacional, que daba por sentado el archivo del proyecto económico urgente.
La normativa presentada por el Gobierno el 7 de noviembre, fue archivada por el Legislativo con los votos del correísmo, Construye, el Partido Social Cristiano (PSC) y otras formaciones. Estas agrupaciones argumentaron que el proyecto encubría impuestos disfrazados como medidas para luchar y controlar las economías criminales.
No obstante, ayer el presidente Noboa firmó el Decreto Ley y lo envió para su publicación en el Registro Oficial.
«En la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa jamás le dará la espalda al país», señaló el Ministerio de Gobierno en un comunicado donde anunció la promulgación de la ley, a la que definió como «una herramienta clave diseñada para atacar y asfixiar las economías narcodelictivas y las fuentes de financiamiento del crimen organizado».
Este martes 10 de diciembre, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, dio conocer que el Registro Oficial publicó la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, bautizada popularmente como ‘Ley Antipillos‘, por lo que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Mediante el comunicado, el Legislativo condenó que la Corte Constitucional y el Registro Oficial hayan permitido que se publique un decreto ley «sin cumplir las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico, lo cual vulnera el equilibrio de poderes y la institucionalidad del país».
Acotó que, de esta manera, el organismo encargado de garantizar el respeto a la Constitución le da la espalda al país y se convierte en un instrumento del Gobierno para asfixiar la economía al pueblo ecuatoriano e imponer más impuestos a la gente en el Ecuador.
Se anunciaron acciones penales en contra del máximo representante del Registro Oficial, «por esta acción ilegal».
Según explicó Veloz, este proyecto de ley fue tratado, negado y archivado por la Asamblea Nacional. Por ello, es inconstitucional pretender enviarla por el Ministerio de la Ley; así como también es inconstitucional la forma en que se solicitó la publicación de dicha Ley en el Registro Oficial porque, para ello, se requiere necesariamente de una certificación por parte de la Legislatura.
«No se puede permitir que los intereses del FMI (Fondo Monetario Internacional) primen sobre los derechos de las y los ecuatorianos», sentenció la Asamblea Nacional.