Durante la audiencia judicial de este miércoles, Abad negó haber abandonado su cargo y alegó ser «víctima de un acto totalitario, ilegal e ilegitimo» por parte del Ministerio de Trabajo y del Gobierno.
La jueza a cargo de evaluar la anulación solicitada por la vicepresidenta, Verónica Abad, de la suspensión del cargo por cinco meses que le impuso el Gobierno difirió al lunes la comunicación de su sentencia, en medio del pulso entre la segunda mandataria y el presidente, Daniel Noboa.
La magistrada aseguró este miércoles que el lunes anunciará el fallo del tribunal, después de revisar el voluminoso caso que examina la acción de protección formulada por Abad ante la actuación del Ministerio de Trabajo que la suspendió por cinco meses ante un presunto abandono del cargo.
Este proceso se ciñe también a la pugna entre Noboa y Abad, enemistados desde hace más de un año, y a la renuencia del mandatario a que la vicepresidenta asuma temporalmente las funciones presidenciales en el lapso en que él debe dedicarse a la campaña de los comicios de febrero de 2025, cuando el mandatario buscará la reelección.
La norma constitucional establece que el presidente debe pedir licencia para ausentarse temporalmente del cargo mientras dure la campaña, y que en su lugar asumiría la Vicepresidencia, algo que Noboa rechaza por considerar que Abad podría trastocar los planes del Gobierno.
Tras la audiencia de este miércoles, Abad expresó su esperanza de que la justicia actúe conforme a derecho y no dé paso a su suspensión por parte del Ministerio de Trabajo.
La sanción se sustentó en el hecho de que Abad no se había desplazado desde Tel Aviv a Ankara, cuando cumplía funciones como embajadora en Israel, dentro del plazo fijado por el Gobierno.
Durante la audiencia judicial de este miércoles, Abad negó tales cargos y alegó ser «víctima de un acto totalitario, ilegal e ilegitimo» por parte del Ministerio de Trabajo y del Gobierno central.
Apuntó que su juez natural, como vicepresidente elegida democráticamente en elecciones generales, es la Asamblea Nacional, entidad que incluso podría juzgarle y censurarle, por lo que calificó de «arrogación de funciones» la actuación del Ministerio de Trabajo.
Abad aseguró también que la acción administrativa en su contra ha tenido la presunta complicidad de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del propio presidente Noboa.
«Salvaje persecución»
La sanción en su contra, añadió, «es un eslabón mas» de una actitud gubernamental de «abuso de poder» y responde a una «salvaje persecución que el presidente ha ejecutado en mi contra» y que no tiene precedentes en la historia nacional.
La suspendida vicepresidenta aseguró que hay un ejército de atacantes cibernéticos (trolls) que han desatado una campaña contra ella en redes sociales, y que incluso hay «periodistas asalariados» difundiendo calumnias en su contra.
Abad, finalmente, reiteró su esperanza de que la Justicia actúe apegada a derecho en defensa de la Constitución y las garantías ciudadanas.
Sin un Estado de Derecho, las naciones se convierten en «una selva donde las bestias gobiernan», apostilló la vicepresidenta, quien aseguró temer nuevas acciones del Ejecutivo.
Incluso dijo sospechar que podría ocurrir «un golpe de Estado» el 5 de enero próximo, cuando empiece la campaña electoral y Noboa deba pedir licencia de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 9 de febrero.
Durante la suspensión de Abad, Noboa designó como vicepresidenta encargada a la secretaria nacional de Planificación, Sariha Moya, en un hecho sin precedentes.
Fuente Vistazo