Ecuador enfrenta una crisis económica profunda, con proyecciones de decrecimiento y desafíos críticos para el próximo gobierno, según la economista Verónica Artola.
Ecuador enfrenta una crisis económica sin precedentes. Según Verónica Artola, economista y exgerente del Banco Central, el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) proyecta que el país será el único en América Latina con un decrecimiento económico del 0,4% en 2024.
Esto se traduce en la caída del consumo de las familias, el cierre de empresas y la persistente crisis energética y de inseguridad.
Artola en una entrevista con Radio Pichincha destaca que, aunque organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo Monetario Internacional proyectan un leve crecimiento de hasta 1.5% para 2025, las condiciones políticas y económicas del país podrían frustrar estas expectativas.
La incertidumbre política, con elecciones previstas, desanima tanto a inversionistas nacionales como internacionales, asegura la experta.
“Esto podría impactar en la capacidad de financiamiento de Ecuador, que necesita más de USD 9.000 millones entre 2025 y 2029”.
Familias afectadas
El Gobierno señala mejoras en las reservas internacionales y un déficit fiscal controlado.
Sin embargo, Artola enfatiza que estos avances macroeconómicos no se reflejan en el bienestar de las familias.
El desempleo, la migración y los atrasos de pagos por más de USD 4.000 millones evidencian una desconexión entre los indicadores macro y la realidad microeconómica.
El financiamiento interno también enfrenta serias limitaciones.
Artola sugiere revisar las exoneraciones tributarias a empresas que le cuestan al Estado cerca de USD 3.000 millones anuales y priorizar la calidad del gasto público, especialmente en áreas clave como salud y educación.
La experta destaca que el sector público debe asumir un papel protagónico en la reactivación económica mediante la inversión en obra pública.
Esta estrategia ha sido desatendida en los últimos gobiernos.
Según explica, el Estado prioriza el gasto en consultorías, muchas de las cuales carecen de utilidad real, sobre la ejecución de proyectos de infraestructura.
«Desde el Gobierno se siguen destinando recursos a consultorías que no aportan valor, utilizadas únicamente para pagar favores políticos a quienes financiaron campañas. Si comenzamos a redirigir esos recursos hacia obra pública, podríamos generar un impacto positivo y tangible en el país», afirma.
Según Artola, sin una estrategia clara para mejorar la calidad del gasto y recuperar la confianza del sector público, el país seguirá atrapado en una crisis estructural.
Fuente Radio Pichincha