¿Qué es la coactiva y cómo impacta a los deudores?
La coactiva es un mecanismo utilizado por entidades del Estado, como instituciones públicas, bancos públicos, municipios y empresas públicas, para recuperar deudas. A diferencia de las entidades privadas, que deben seguir un proceso judicial civil, estas instituciones pueden tomar medidas cautelares de manera inmediata, como el embargo de bienes o la retención de fondos en cuentas bancarias.
“La coactiva complica la vida de los deudores desde el primer momento, cuando sus fondos son retenidos sin previo aviso. Muchas personas descubren la coactiva al intentar retirar dinero y encontrarse con su dinero bloqueado”, explica César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador.
Si los fondos en la cuenta del deudor cubren el monto adeudado, es posible solicitar al acreedor que embargue dicho monto, archivando la coactiva. Sin embargo, Coronel recalca que ciertos fondos están protegidos por la Constitución. “Los artículos 328 y 371 prohíben la retención de sueldos de trabajadores, pensiones alimenticias y pensiones de personas jubiladas. En estos casos, se puede pedir el levantamiento de esta medida cautelar”, señala el experto.
Facilidades de pago y alternativas legales
El Código Orgánico Administrativo (COA) contempla facilidades de pago para deudas en coactiva. “Con instituciones públicas, municipios y empresas públicas, es posible pagar la deuda en un plazo de hasta 24 meses. Sin embargo, gracias a una reforma en la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas, los bancos públicos, como el BIESS y la CFN, ahora permiten plazos de hasta 30 años”, detalla Coronel.
El abogado enfatiza que, ante una coactiva, se debe actuar rápidamente y con la asesoría de un abogado especializado en deudas. “Es posible negociar dentro del proceso, logrando incluso la condonación de intereses o parte del capital. Con un acuerdo, las medidas cautelares, como los embargos, se levantan”, explica.
Asimismo, es importante verificar que la citación del proceso se haya realizado de forma correcta. “La citación en legal y debida forma es un requisito indispensable para garantizar el derecho a la defensa del deudor. Si no se realizó adecuadamente, se puede solicitar la nulidad del proceso”, añade Coronel. Además, resalta que, por norma general, las deudas con el Estado prescriben si han transcurrido más de cinco años desde el último pago. Esto significa que, si no hubo citación válida dentro de ese plazo, se podría solicitar la prescripción, lo que permitiría la eliminación de la deuda.
Otro aspecto a considerar es si la deuda está respaldada con la documentación correspondiente. “Si no hay papeles que sustenten la deuda, podría solicitarse a la autoridad competente la eliminación de esta deuda”, advierte.
Consecuencias de no defenderse en un proceso coactivo
No defenderse adecuadamente en un juicio de coactiva puede desencadenar consecuencias graves. Si el acreedor no logra recuperar la deuda mediante las medidas cautelares, se puede iniciar un concurso de acreedores que lleve a la declaración de insolvencia del deudor. Esto implicaría la prohibición de salida del país, notificación a la Fiscalía para investigar una posible quiebra fraudulenta, una interdicción total que impide al deudor administrar sus bienes o usar sus cuentas bancarias, entre otras. “Estas medidas pueden evitarse si se actúa a tiempo. Aunque la coactiva genera preocupación, es fundamental que las personas sepan que tienen derechos, y que incluso frente al Estado, estos no pueden ser vulnerados”, concluye Coronel.
En resumen, la coactiva no es el fin del camino. Con la asesoría adecuada, es posible encontrar soluciones legales que permitan enfrentar este proceso sin afectar significativamente la vida del deudor.
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