Por Ab. José Manuel Portugal. Director de Derecho UIDE Guayaquil

Los resultados del balotaje presidencial del 13 de abril de 2025, en el que Daniel Noboa obtuvo el 56,13% de los votos frente al 43,87% de Luisa González, fueron moldeados por varios factores estructurales y coyunturales. Uno de los más determinantes fue el aumento drástico de la inseguridad. En 2024, Ecuador registró una tasa de homicidios de más de 45 por cada 100.000 habitantes, posicionándose entre los países más violentos de América Latina. En ese contexto, la política de «mano dura» de Noboa —que incluyó decretos de estado de excepción, la creación de una figura jurídica de “conflicto armado interno” y el despliegue de las Fuerzas Armadas para controlar las cárceles y patrullar las ciudades— generó apoyo popular.

Otro aspecto importante fue la campaña digital. Noboa y su equipo lograron dominar el discurso en redes sociales con mensajes simplificados, visuales e incluso controversiales, apelando especialmente a un electorado joven e indeciso. A esto se suma una alta participación electoral: el 83,76% del padrón acudió a votar, en un país donde el sufragio es obligatorio, pero históricamente ha registrado altos niveles de ausentismo y voto nulo o blanco.

Reconfiguración del panorama político nacional tras los resultados de estas elecciones

La reelección de Daniel Noboa representa un cambio sustancial en la estructura política del país. Su victoria le otorga un mandato completo de cuatro años, lo que le permite proyectar un liderazgo más estable. Noboa ha propuesto convocar a una Asamblea Constituyente, lo que podría significar una transformación profunda del sistema político ecuatoriano, desde la reconfiguración de las funciones del Estado hasta posibles reformas en materia judicial, económica y de seguridad.

En contraste, aunque Luisa González fue derrotada en las urnas, la Revolución Ciudadana continúa siendo la principal fuerza de oposición, con una representación significativa en la Asamblea Nacional. Esto anuncia una etapa de alta polarización, donde el oficialismo deberá negociar leyes clave, especialmente en materia económica y de reformas constitucionales.

Además, el panorama se complejiza con la presencia de nuevas corrientes políticas emergentes que buscan posicionarse como alternativas al correísmo y al actual gobierno. El mapa político está fragmentado y con una ciudadanía exigente que ha demostrado una clara disposición al cambio, pero también a castigar rápidamente la ineficiencia.

Retos inmediatos que enfrenta el nuevo gobierno frente a la crisis económica y la seguridad ciudadana

En lo inmediato, el gobierno de Noboa debe enfrentar dos crisis centrales: la inseguridad y la fragilidad económica.

En seguridad, si bien las cárceles han sido intervenidas por militares y algunos líderes del crimen organizado han sido recapturados o trasladados, el crimen violento continúa. Solo en los primeros tres meses de 2025 se registraron más de 1.500 asesinatos a nivel nacional, y los secuestros y extorsiones han incrementado, especialmente en las provincias costeras.

Económicamente, el país atraviesa una etapa de estancamiento. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el PIB decreció un 0,4% en 2024. La pobreza afecta al 28% de la población, mientras que el empleo informal supera el 58%. Además, la deuda externa sigue siendo un problema estructural, y el gobierno ha debido recurrir a nuevas líneas de financiamiento con el FMI y otros organismos multilaterales.

A esto se suma una crisis energética que ha obligado a implementar racionamientos eléctricos de hasta 8 horas diarias en varias ciudades, afectando la productividad y generando malestar social. Noboa ha prometido nuevas inversiones en infraestructura y generación eléctrica, pero los resultados serán visibles a mediano plazo.

El papel que jugaron los jóvenes y el voto nulo o blanco en el desenlace electoral

Los jóvenes tuvieron una participación relevante, aunque difícil de cuantificar con exactitud por la falta de datos desagregados oficiales. Más de 500.000 adolescentes de entre 16 y 18 años estaban habilitados para votar de forma facultativa, y muchos de ellos se movilizaron en redes sociales para promover posturas críticas y de protesta frente a ambos candidatos.

Este voto joven ha sido clave para entender el crecimiento del voto nulo y blanco, especialmente en la primera vuelta, donde el voto nulo alcanzó el 6,8% y el blanco el 2,1%, lo que representa más de un millón de votos. Aunque estas cifras disminuyeron en la segunda vuelta, reflejan una clara señal de desafección política entre una parte del electorado, especialmente entre los más jóvenes, urbanos y conectados digitalmente.

Asimismo, el fenómeno del voto protesta no se limitó a sectores juveniles. Muchas personas expresaron su descontento con el sistema político optando por votar nulo como una forma simbólica de rechazo, y esa tendencia puede mantenerse si el nuevo gobierno no cumple sus promesas de campaña.