El Gobierno nacional solicitó a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en su calidad de mediadora y garante, que convoque cuanto antes a las partes para la instalación de la primera reunión de coordinación, seguimiento de acuerdo y resolución de los temas pendientes relacionados con el acta por la paz suscrita el pasado jueves.
El pasado 30 de junio, en el salón Santísima Trinidad de la Conferencia Episcopal en Quito, los líderes de tres movimientos indígenas y el Gobierno nacional suscribieron el acta por la paz que permitió el levantamiento del paro indígena de 18 días, lo cual significó la reducción de los precios de la gasolina extra y el diésel.
El régimen de Guillermo Lasso se comprometió a derogar decretos y se suscribió el acta por la paz donde se determina que a todos estos compromisos debe darse seguimiento y cumplimiento en un plazo de 90 días, para lo cual se deberá instalar una mesa técnica.
Puntualmente, en el punto VI del acta se señala que “los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdo y la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos, que tendrá una duración de 90 días. Se garantizará la presencia de las funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados”.
Frente a ese compromiso, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, remitió al siguiente día de suscrito el acuerdo una carta dirigida a monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde solicita que convoque cuanto antes a las partes para la instalación de la primera reunión de coordinación, seguimiento de acuerdo y resolución de los temas pendientes relacionados con las movilizaciones iniciadas el 13 de junio pasado.
El funcionario además sugirió que en esa primera reunión se determine la metodología de trabajo, se designen los delegados y equipos respectivos y se defina la hoja de ruta con los pasos a seguir durante los 90 días.
Sin embargo, monseñor Luis Cabrera señaló que la Iglesia no será parte de estas mesas, que funcionarán como lo decidan las partes. “Somos garantes, pero nuestra garantía no es técnica o jurídica, es moral. Nuestra presencia es para recordarles el compromiso asumido entre ellos y con el país. En 90 días tendremos las respuestas”.
Equipo técnico listo
El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, espera que en esta semana que viene se pueda tener el primer acercamiento con el Gobierno y definir la metodología, así como un cronograma de trabajo.
Espinoza dijo que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que se constituyó en garante y mediadora, debe tomar la iniciativa de llamar a las partes y poder construir en consenso un cronograma de trabajo.
El dirigente de las organizaciones campesinas, indígenas y negras comentó que tienen listo el equipo técnico y de dirigentes para que los representen en esta mesa que se instale. “Estamos listos para el momento en que nos llamen a instalar la mesa técnica”, afirmó.
Aunque adelantó que las propuestas legislativas se tendrán que trabajar un poco más con la participación de asambleístas y bloques, para generar consensos previos que estén interesados en solucionar problemas álgidos, como la condonación de deudas en la banca pública; pero también se busca que se aplique en la banca privada hasta los $ 10.000. “Creemos que el Estado debe asumir esa responsabilidad”, recalcó Espinoza.
El dirigente reveló que existe un equipo que está trabajando alrededor de los temas legislativos que deben tramitarse y que serán presentados a través de varios asambleístas y bloques. (I)
Fuente: El Universo