A partir de hoy, el sistema de recepción de llamadas de emergencia en Guayaquil será administrado exclusivamente por el ECU 911 Samborondón, según una resolución emitida por el Gobierno Nacional a través del SIS ECU 911 cerca de la medianoche del 25 de septiembre. Esta medida busca centralizar la recepción de llamadas y la coordinación de despachos de incidencias, funciones que antes estaban bajo la responsabilidad de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil SEGURA EP.
Fernando Cornejo, presidente del Directorio de Segura EP, recordó que en 2019, debido a la falta de eficiencia en la gestión centralizada de emergencias, Guayaquil asumió la administración del 911, consolidando un centro de coordinación y monitoreo para la ciudad. Este acuerdo fue renovado en agosto de 2023 mediante un convenio entre ambas instituciones.
Asimismo destacó que, a pesar de la terminación unilateral del convenio por parte del ECU 911, Segura EP seguirá colaborando con la seguridad ciudadana de Guayaquil. Resaltó que en lo que va del presente año, se han recibido más de 2.1 millones de alertas, de las cuales el 72.77% están relacionadas con la seguridad ciudadana.
En cuanto a la transferencia de conocimientos, Segura EP, por solicitud del SIS ECU 911 capacitará mañana a los funcionarios del ECU 911 en las zonas 5 y 8, para asegurar una transición fluida en la gestión de emergencias. Resaltó que existe una alta satisfacción ciudadana con el servicio brindado por Segura EP, respaldado por un 95.5% de aprobación según datos del propio ECU 911.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para garantizar que este cambio en la administración no afecte la calidad del servicio, especialmente para los 2.8 millones de habitantes de Guayaquil. Esperamos que el servicio no retroceda, sino que continúe mejorando», expresó Cornejo.
Finalmente, subrayó que la seguridad ciudadana no debe ser un tema político, sino una necesidad fundamental. Reafirmó el compromiso de Segura EP de seguir colaborando con las autoridades nacionales en materia de seguridad y continuar desempeñando sus otras funciones dentro del cantón, como el control del espacio público, la violencia de género, la gestión de riesgos y reconstrucción del tejido social.