La Unidad Judicial Penal de Quito decidió que la acción de protección contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, no es procedente. El sumario administrativo contra Verónica Abad podrá continuar.
La acción de protección planteada por la vicepresidenta Verónica Abad, contra el Ministerio del Trabajo, fue negada este 30 de septiembre de 2024. Así, la entidad podrá llevar a cabo el sumario administrativo contra la también embajadora en Israel. Abad lo calificó como «una aberración a la justicia y al derecho».
La demanda recayó en manos de la jueza Gloria Mayorga, de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, de Quito. El 26 de septiembre, la magistrada escuchó los argumentos de las partes.
El Ejecutivo busca que el Ministerio de Trabajo ejecute un sumario administrativo contra Abad por su tardío traslado a Ankara (Turquía). Según la Cancillería, el 27 de agosto le notificaron que debía llegar a esa ciudad antes del 1 de septiembre. Pero la funcionaria arribó ocho días después, el 9 de septiembre.
La defensa de la Vicepresidenta argumentó que una autoridad de elección popular no puede ser destituida por esa vía, mucho menos una mandataria, ya que la Constitución establece claramente los únicos caminos para que esto suceda.
Sin embargo, la jueza Mayorga argumentó que no se han violentado las leyes ni procedimientos, así como tampoco la seguridad jurídica ni el derecho a un trabajo digno. Y apuntó que tampoco se evidencia que el sumario administrativo representen una destitución o afectación de derechos políticos, por lo que no se puede resolver sobre especulaciones.
Al finalizar la lectura del dictamen, el abogado Damián Armijos apeló de manera oral la sentencia y pidió que se lo reenvíe a la Corte Provincial.
En su cuenta en la red social X (Twitter), la segunda mandataria criticó la decisión. «Negaron la acción de protección, es increíble nuestra justicia, esto no tiene presentación», escribió.
Y también le dedicó un mensaje a la jueza Mayorga. «Para la temerosa magistrada no se configura ninguna afectación a los derechos políticos, tampoco han violentado las leyes, ni procedimientos ni a la seguridad jurídica».
Fuente: Primicias