La falta de cumplimiento de los convenios, la acumulación de deudas y la ausencia de respuestas claras por parte del MIES han provocado un creciente malestar entre las organizaciones que proveen servicios de cuidados esenciales.
Este miércoles 13 de noviembre de 2024, 65 organizaciones sociales, que mantienen convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), realizarán un plantón en la Plataforma Gubernamental Quitumbe, en la ciudad de Quito, exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos y el pago de los meses adeudados, correspondientes a agosto, septiembre y octubre de este año.
Estas organizaciones, que operan en diversas provincias como el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Cotopaxi, Santo Domingo e Imbabura, son las responsables de implementar políticas de protección para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades vulnerables.
Sin embargo, el atraso de pagos, que impiden cubrir gastos básicos y garantizar las condiciones laborales de las educadoras y facilitadores de los programas han generado malestar por parte de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil que cooperan con el MIES
Una fuente protegida aseguró que la situación se ha vuelto insostenible, pues además enfrentan represalias por exigir el cumplimiento de los convenios.
Sugiere que las visitas realizadas por el MIES a los centros infantiles son usadas para señalar presuntas fallas administrativas que deslegitiman las protestas.
¿Cómo funcionan los convenios con el MIES?
El MIES aporta con el pago de educadoras, técnicos y algunos materiales, mientras que las organizaciones asumen una contraparte del 20% al 25% de los costos, incluyendo infraestructura, servicios básicos y personal administrativo.
Los convenios suelen renovarse anualmente. Sin embargo, en 2024, se enfrentó una situación compleja, ya que los convenios firmados inicialmente vencían en julio, y aunque se acordaron extensiones hasta diciembre, estas aún no han sido formalizadas con la firma del MIES.
Algunas organizaciones han continuado operando sin certeza de que se reconozcan sus inversiones durante estos meses de extensión no firmada, generando una gran incertidumbre, particularmente en los centros de cuidado infantil y casas de acogida para adultos mayores.
Frente a esta crisis, las organizaciones entregarán una carta a la Ministra del MIES solicitando una reunión urgente con el Ministerio de Finanzas para agilizar los pagos pendientes.
Evaluación de servicios en centros infantiles
El MIES, por su parte, ha justificado esta situación señalando que está en proceso de evaluación de los 1.851 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) a nivel nacional, a través de 497 convenios con fundaciones y organizaciones.
Según la cartera de Estado, este proceso tiene como objetivo garantizar la calidad de los servicios brindados a más de 74.206 niños y niñas de 1 a 3 años.
La evaluación incluye parámetros como la calidad del servicio, la formación del personal y el cumplimiento de la normativa legal. Sin embargo, las organizaciones sociales consideran que este proceso está siendo utilizado para justificar los incumplimientos y el retraso en los pagos.
Impacto en derechos laborales
El caso de Lucía (nombre protegido), una educadora despedida por reclamar sus derechos, es solo uno de los cientos de ejemplos que evidencian las condiciones laborales precarias.
Lucía trabajó durante seis años en el Centro Infantil Comititos, bajo la gestión de dos fundaciones diferentes. A pesar de cumplir con un horario de 7:30 a 16:30 en el cuidado de los niños y niñas, no recibió pago durante seis meses y fue despedida, junto a tres compañeras, tras participar en una protesta.
Este tipo de situaciones es común en los CDI, donde las educadoras infantiles están contratadas bajo la modalidad de servicios profesionales, lo que les impide acceder a beneficios laborales como vacaciones, décimos, y afiliación al seguro social.
Tercerización «camuflada» y la respuesta del MIES
La abogada Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, explicó que el modelo actual del MIES genera una «tercerización camuflada» de los servicios.
Según Toapanta, al transferir recursos a fundaciones para la gestión de los CDI, el MIES evade su responsabilidad directa como empleador de los trabajadores, dejando a las fundaciones en la posición de contratar bajo condiciones laborales precarias.
Por su parte, el viceministro Harold Burbano defendió la gestión de los CDI y aseguró que el MIES no ha despedido a ninguna educadora, señalando que los cambios en las fundaciones son decisiones técnicas tomadas para mejorar la calidad de los servicios.
También aclaró que el MIES no se hace responsable de los despidos ni de los atrasos en los pagos, ya que estos son asuntos gestionados por las fundaciones cooperantes.