El caso de una bebé de ocho meses encontrada gateando sola en la carretera de la vía Ancón-Atahualpa (Santa Elena), tras el asesinato de su madre, conmocionó Ecuador. La tragedia ocurrió el 1 de febrero de 2025, cuando sicarios dispararon y asesinaron a Rosa Vargas, de 30 años, dejando a su hija en la orfandad.
Este tipo de violencia no tiene víctimas «colaterales»; los hijos e hijas de las personas que mueren violentamente son las principales afectadas, junto con otros familiares cercanos.
La orfandad por violencia, una crisis en aumento
Ecuador enfrenta una crisis sin precedentes: la orfandad producto del crimen organizado y los feminicidios sigue creciendo. Niños y adolescentes quedan desprotegidos en un país con recursos limitados y una institucionalidad frágil.
«Estamos viendo fenómenos ajenos a nuestra realidad: el reclutamiento de niños para cometer delitos, la orfandad producto de la narcodelincuencia y feminicidios, y un Estado sin capacidad de respuesta», advierte Pablo Coloma, abogado especializado en niñez y adolescencia.
Desde 2014, más de 1.817 niños han quedado huérfanos por feminicidio, según la Fundación Aldea y otras organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no existen cifras oficiales de infancias huérfanas por violencia criminal, lo que complica la reparación y la aplicación de medidas de protección.
El bono de orfandad: una ayuda insuficiente
El Estado ecuatoriano otorga el bono de orfandad a niñas, niños y adolescentes que han perdido a su madre por femicidio u otras muertes violentas. El monto varía entre USD 135.65 para una persona y USD 249.46 para tres o más personas.
Para acceder a este bono, la Fiscalía o las Unidades Judiciales deben clasificar el caso como femicidio, asesinato, homicidio o violación con resultado de muerte.
Sin embargo, según UNICEF, solo el 51% de los niños huérfanos por feminicidio han recibido esta ayuda económica.
«El Estado debe garantizar respuestas inmediatas y efectivas. No solo se trata de decisiones legales, sino de un enfoque integral que cubra la salud mental, el entorno familiar y el fortalecimiento de la comunidad», enfatiza Coloma.
Acciones estatales tras el crimen
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos contactó a la madre de la víctima para brindarle apoyo psicológico, asesoramiento legal y trabajo social. Laura Paredes, especialista de la Oficina Técnica 5 de esta cartera de Estado, explicó que también se coordinó con los Ministerios de Salud y Educación, ya que Rosa Vargas tenía otros dos hijos en edad escolar.
Según Paredes, se ofició al MIES para gestionar el bono de orfandad, ya que el padre de la menor había fallecido previamente. Además, se entregaron electrodomésticos, juguetes, insumos de limpieza y víveres a la familia.
¿Quién cuidará de la bebé?
El diseño institucional del país establece que el MIES debe garantizar la protección de niños en situación de vulnerabilidad.
«El MIES debe fortalecer el nuevo espacio de cuidado, brindando apoyo integral, asistencia legal y acceso a servicios especializados de salud física y mental», explica Coloma.
La abogada Sybel Martínez, defensora de los derechos de la infancia del Grupo de Rescate Escolar, señala que lo primero que se debe resolver en estos casos es la tutela del menor.
La bebé fue entregada por la DINAPEN a su abuela materna, quien está gestionando legalmente su custodia. Martínez indica que el proceso judicial debe iniciarse de inmediato.
«Cuando un menor es ingresado a un centro de acogida, el juez tiene un máximo de 72 horas para emitir una resolución. Lo prioritario es determinar si existe un familiar dispuesto a cuidar al menor, en este caso, la abuela», explica Martínez.
Impacto psicológico y riesgos de vulnerabilidad
A pesar de su corta edad, la bebé podría experimentar efectos psicológicos a mediano y largo plazo. Coloma advierte que el cambio de entorno no siempre garantiza seguridad, ya que muchas familias de acogida también enfrentan pobreza y marginación.
«La vulnerabilidad aumenta cuando los entornos de acogida no cuentan con apoyo adecuado. Esto puede derivar en la institucionalización de la niña o, peor aún, en una situación de negligencia total», señala el experto.
¿Existen protocolos para la atención de víctimas de violencia criminal?
La Constitución ecuatoriana establece que los derechos de la infancia deben prevalecer sobre otros intereses, y que el Estado está obligado a garantizar entornos seguros y medidas eficaces contra la violencia.
Si bien Ecuador no cuenta con un protocolo específico para niños huérfanos por violencia, existen rutas de atención para grupos prioritarios. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos puede activar servicios de asesoría legal, trabajo social y atención psicológica, coordinando con otras entidades.
Para Coloma, es crucial diseñar un sistema integral de protección infantil con planes de acción claros y recursos adecuados.
«El Estado debe asumir su responsabilidad no solo en la protección de estos niños, sino en la prevención de la violencia que los deja huérfanos. Se necesita una intervención inmediata, permanente y sostenible que garantice su bienestar», concluye Coloma.
Fuente: Radio Pichincha