El presidente de la República, Daniel Noboa, extendió por treinta días más el estado de excepción en siete provincias y dos cantones, a través del Decreto Ejecutivo No. 552, firmado este lunes 3 de marzo de 2025.
La medida rige en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos; el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, por grave conmoción interna.
El primer mandatario enfatizó que el objetivo final del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Además, Noboa recordó la obligación establecida en el artículo 166 de la Constitución de la República que dispone: “(…) las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”.
Asimismo, se comunica a la ciudadanía sobre «la limitación del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, y restricción de la libertad de tránsito».
Por último, se dispuso la notificación del decreto a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ola de violencia en Ecuador
Masacres por disputas de territorio entre bandas criminales, sicariatos, asaltos que terminan en muertes o balas perdidas que alcanzan a víctimas colaterales son ya parte del diario vivir de los ecuatorianos, que en enero pasado vivieron el inicio de año más violento desde que se tienen registros.
Según cifras del Ministerio del Interior, en enero de este año se registraron 781 homicidios, 276 más que los 505 registrados en 2024, y 247 más que los 534 de 2023, año en el que Ecuador se situó a la cabeza en el índice de muertes violentas de Latinoamérica.
El número de asesinatos de enero de 2025 también es el más alto desde que asumió el poder en noviembre de 2023 el presidente Noboa, que busca la reelección en la segunda vuelta electoral, programada para el 13 de abril, en la que se enfrentará Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana.
En diciembre de 2023, que cerraba como el más violento de la historia del país con picos de hasta 800 homicidios mensuales, se registraron 756 crímenes, y la cifra disminuyó a 505 en enero de 2024 tras la declaración de «conflicto armado interno» para luchar contra las bandas criminales, causantes de esta escalada de violencia.
Para enfrentar a estos grupos delictivos, dedicados principalmente al narcotráfico, las extorsiones y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas, Noboa decretó sucesivos estados de excepción para incorporar a las Fuerzas Armadas al combate contra la criminalidad, incluida la militarización de cárceles controladas por estas bandas criminales.
Las estadísticas oficiales señalan que las muertes violentas cayeron a 387 en febrero de 2024, pero los homicidios volvieron poco a poco a subir con el transcurso de los meses hasta pasar los 600 en junio y los 700 en diciembre, pese al estado de excepción en las provincias con mayor índice delictivo del país.