Luego del decreto suscrito por el presidente Guillermo Lasso para la tenencia y porte de armas, la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe) reaccionó. A través de un comunicado, Rubén Salvador, su presidente y vocero, rechazó las que considera «reiteradas y erráticas» decisiones del gobierno.
Esta postura contrasta con las palabras de Lasso, quien en una entrevista, ayer, domingo 2 de abril de 2023, indicó que la decisión de autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal se tomó, en parte, por las empresas de seguridad.
«Es oportuno porque las empresas de seguridad lo pedían, y las empresas de seguridad privada pueden asistir como un complemento a las acciones de Fuerzas Armadas y la sociedad Los delincuentes ya sabrán que el guardia de una joyería estará armado y que los va a repeler».
A criterio de Salvador, esta es una decisión irresponsable, considerando la capacitación que tienen actualmente los guardias de seguridad.
Apenas el 20% ha recibido una guía adecuada para el uso de armas de fuego y, sin embargo, han obtenido la licencia emitida por el Ministerio del Interior.
«Después de la pandemia, se quedaron con esta modalidad de generar las capacitaciones de forma virtual. Los polígonos de tiro son virtuales como si jugaran un videojuego. Y así ellos piensan que ya tienen la experticia adecuada para el manejo de armas y salen a las calles a trabajar», indicó el presidente de Fenaspe.
Según cifras de Fenaspe, al menos 27 guardias han muerto producto de la delincuencia desde mayo de 2022.
Esta decisión del gobierno podría influir significativamente en que esta cifra se incremente, según Salvador, ya que ahora los guardias de seguridad serán un blanco de la delincuencia.
«Muchos guardias de seguridad están a la intemperie, son objeto de la delincuencia. Hasta ahora solo usaban armas no letales. Como lo dijo el Presidente, con esta nueva reforma los delincuentes sabrán que los guardias tienen armas de fuego y se acercarán para poder robarles el arma», subrayó.
A esto se le suma el marco legal que deja indefensos a los guardias, así como la falta de evaluaciones psicológicas que podrían poner en peligro no solo a los trabajadores de la seguridad sino a la sociedad en general.
Fuente: Radio Pichincha
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